Utilizar el equipo de salud mental, y no la policía, en las llamadas al 911 reduce la delincuencia

Por Damian McNamara, MA

14 de junio - Un nuevo estudio revela que la combinación de un experto en salud mental con un paramédico para responder a las llamadas de bajo nivel y no violentas al 911 disminuyó el número de delitos en el centro de Denver.

Estos equipos de respuesta no policial recibieron formación para abordar problemas relacionados con la salud mental, la depresión, la pobreza, la falta de vivienda y/o el abuso de sustancias. Durante 6 meses en 2020, el proyecto redujo en un 34% los delitos relacionados con el alcohol y las drogas, los desórdenes públicos y otros delitos contra las personas.

Durante la misma fase piloto, los delitos en general se redujeron un 14% en los ocho distritos policiales que participaron en el programa Support Team Assisted Response (STAR), en comparación con los distritos en los que la policía respondió a todo tipo de llamadas al 911.

El programa capacitó a los despachadores para reconocer las llamadas en las que las respuestas tradicionales pueden no ser necesarias, incluidas las situaciones sin evidencia de actividad delictiva grave, como amenazas, armas o violencia.

Además, en aproximadamente un tercio de los casos, la policía llamó a los equipos por sí misma. "Uno de los detalles más llamativos -un cambio en el sentido más amplio- es que en algunos casos la policía respondió y luego llamó a los equipos de salud mental", afirma el autor principal del estudio, el doctor Thomas Dee.

El estudio se publicó el 10 de junio en Science Advances.

Estos equipos de expertos en salud mental y paramédicos pueden ser menos propensos a denunciar a las personas por infringir la ley, dice Dee, profesor de la Escuela de Postgrado de Educación de la Universidad de Stanford.

"Tampoco encontramos pruebas de efectos negativos sobre los delitos más graves o violentos".

El contexto político más amplio

Aunque los programas para entregar las llamadas no violentas al 911 a personal no policial han existido durante años, la idea "está recibiendo más atención ahora debido al contexto más amplio", dice Dee.

Enviar un equipo de respuesta sanitaria en lugar de agentes de policía en algunas llamadas puede atraer a ambos lados del debate sobre la actuación policial en Estados Unidos, afirma. "Hay un amplio contexto político, y este programa debería tener un amplio atractivo".

Por ejemplo, "si tu política es 'back the blue', apoyas esto. Los policías suelen decir que no quieren responder a este tipo de llamadas, y delegarlas [a otros intervinientes] podría elevar la moral de la policía", afirma.

Por otro lado, dice, "si su política es 'desfinanciar a la policía', este programa disminuye el número de agentes de policía y podría reducir los presupuestos policiales con el tiempo".

Según los investigadores, la policía dedica una parte importante de su tiempo a responder a llamadas de emergencia no violentas que suelen implicar a personas con crisis de salud mental o de abuso de sustancias.

Pero la policía no suele estar capacitada para ayudar en este tipo de situaciones.

"Como resultado, las llamadas de emergencia de asistencia pueden ser contratadas como infracciones penales, a veces con consecuencias innecesariamente violentas o incluso trágicas, cuando pueden ser mejor abordadas como problemas de salud", escribieron.

¿Y la seguridad?

La seguridad del personal sanitario es una "preocupación perfectamente legítima", dice Dee, y añade que una de las preocupaciones es que, si no hay un agente de policía presente, la situación podría agravarse.

Pero esto "no es una reforma cualquiera. Sigue siendo necesaria una formación cuidadosa, hay que contratar a las personas adecuadas y disponer de buenos protocolos para mantener su seguridad. Y a veces hay que coordinarse con la policía", afirma.

Los investigadores constataron que ninguna de las 748 llamadas de campo atendidas por el personal sanitario acabó en detención, lo que se tradujo en 1.376 delitos menos denunciados en 6 meses.

El programa STAR costó 208.151 dólares durante ese tiempo, es decir, 151 dólares por cada delito evitado, afirma Dee. El coste de detener y procesar a alguien, mientras tanto, es unas cuatro veces mayor, o unos 646 dólares en 2021.

"Incluso si el programa no ahorrara dinero, es una forma profundamente humana de responder", dice Dee.

¿Formar, co-responder o reemplazar?

El programa STAR de Denver es una de las tres opciones principales para responder a las llamadas de emergencia no violentas. Otros enfoques incluyen la formación de agentes de policía sobre cómo responder a alguien en una crisis de salud mental o de abuso de sustancias como equipos especiales de intervención en crisis o el envío de profesionales de la salud mental junto con la policía.

Los resultados del estudio "demuestran que una respuesta comunitaria [puede ser] eficaz para desescalar las crisis y mejorar el proceso de referencia", afirma el doctor Étienne Blais, que ha estudiado programas similares en Canadá.

La presencia de la policía en los equipos de respuesta conjunta puede tener pros y contras, dice Blais, profesor de la Facultad de Criminología de la Universidad de Montreal.

"Por ejemplo, la presencia de un agente de policía permite a los especialistas en salud mental ofrecer consultas psicosociales y aplicar técnicas de desescalada aunque la persona en crisis muestre signos de agresividad", dice. "Por otra parte, algunas personas no revelarán información sensible pero relevante -como cuestiones relacionadas con las drogas o la participación en delitos penales- en presencia de agentes de policía".

El equipo adecuado puede marcar la diferencia

"Se trata de uno de los primeros estudios que demuestran la eficacia de las respuestas no armadas a las llamadas de servicio por motivos de salud mental", afirma el doctor Bradley R. Ray, investigador principal de la División de Investigación de Justicia Aplicada de RTI International.

Pero es probable que no sea el último. "Espero ver muchos más estudios como éste en el futuro que muestren el potencial de las respuestas no policiales", afirma.

Utilizar el programa en otras comunidades podría ser un reto, dados los diferentes diseños de los sistemas de despacho en todo el país, dice Ray. Por ejemplo, en algunos casos, un sheriff dirige el sistema, mientras que otros están controlados por gobiernos municipales que exigen que los bomberos, los servicios médicos de emergencia y la policía respondan a todas las llamadas.

"En los últimos dos años, he animado continuamente a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a que consideren cuidadosamente las llamadas en las que necesitan agentes de policía, en las que necesitan respuestas conjuntas y en las que no deben responder y dejarlas a otros organismos", dice Ray, que también fue autor principal de un estudio publicado en abril que comparaba los equipos de respuesta conjunta de la policía y la salud mental con las respuestas tradicionales de la policía en Indianápolis.

"En mi propia investigación sobre los equipos de respuesta conjunta, hemos encontrado diferencias mínimas y a menudo no significativas entre la respuesta conjunta y las respuestas policiales habituales", afirma. "Cuando las agencias se sienten frustradas por esos resultados, suelo decirles que se trata de seleccionar las llamadas de servicio correctas y enviar el equipo adecuado".