Un juez falla a favor de 3 distribuidores de medicamentos en una demanda por opioides

Por Carolyn Crist

5 de julio de 2022 - Un juez federal falló el lunes a favor de tres grandes distribuidores de medicamentos de Estados Unidos en un caso histórico sobre opioides, que acusaba a las empresas de causar una crisis sanitaria al distribuir 81 millones de pastillas en 8 años en ciertas partes de Virginia Occidental.

Casi un año después de los alegatos finales, el juez de distrito David Faber emitió el veredicto en una sentencia de 184 páginas, según The Associated Press. El condado de Cabell y la ciudad de Huntington, WV, presentaron la demanda contra AmerisourceBergen Drug Co., Cardinal Health Inc. y McKesson Corp.

"La crisis de los opioides se ha cobrado un precio considerable en los ciudadanos del condado de Cabell y la ciudad de Huntington. Y aunque hay una tendencia natural a asignar la culpa en estos casos, deben decidirse no en base a la simpatía, sino a los hechos y la ley", escribió Faber en el fallo.

"A la vista de los resultados y conclusiones del tribunal, el tribunal considera que debe dictarse sentencia a favor de los demandados", dijo.

La decisión supone un golpe a las afirmaciones de que las compañías farmacéuticas alimentaron la crisis de los opioides, según The Washington Post. En todo el país, se han presentado miles de demandas a nivel local y estatal para pedir indemnizaciones a las empresas farmacéuticas que distribuyen opioides.

En este caso, el abogado del condado de Cabell, Paul Farrell, argumentó que las distribuidoras deberían ser consideradas responsables de enviar un "tsunami" de analgésicos recetados a la comunidad y que la conducta de las empresas fue irrazonable e imprudente en una zona muy afectada por la adicción a los opioides, informó AP.

Pero las empresas señalaron un aumento de las recetas escritas por los médicos, así como una mala comunicación y un aumento de los umbrales de productos establecidos por la Administración de Control de Drogas, informó el Post.

Faber rechazó los argumentos, diciendo que los distribuidores no eran responsables de las consecuencias de la crisis de los opioides. Dijo que los demandantes no tenían pruebas de que las empresas distribuyeran sustancias controladas a entidades sin el debido registro.

"Los demandantes no demostraron que el volumen de opioides recetados distribuidos en Cabell/Huntington se debiera a una conducta irrazonable por parte de los demandados", escribió.

Y aunque la demanda alegó que los distribuidores crearon una "molestia pública", Faber dijo que el Tribunal Supremo de Virginia Occidental sólo ha aplicado la ley de molestia pública a la conducta que interfiere con la propiedad o los recursos públicos. Extender la ley para "cubrir la comercialización y venta de opioides es inconsistente con la historia y las nociones tradicionales de molestia", escribió.

Dijo que los médicos, que prescribían de "buena fe", determinaban el volumen de opioides recetados que las farmacias pedían a los distribuidores, según UPI.

"Los distribuidores no tienen ningún control sobre el criterio médico de los doctores. No ven a los pacientes y no se encargan de decidir si el paciente debe recibir analgésicos", escribió Faber. "En el mejor de los casos, los distribuidores pueden detectar los repuntes en las órdenes de los dispensadores que pueden ser rastreables hasta los médicos que pueden estar violando intencionadamente o no las normas médicas".

El alcalde de Huntington, Steve Williams, calificó el fallo como "un golpe para nuestra ciudad y comunidad, pero seguimos siendo resistentes incluso ante la adversidad."

"Los ciudadanos de nuestra ciudad y del condado no deberían tener que cargar con la responsabilidad principal de garantizar que una epidemia de esta magnitud no vuelva a producirse", dijo en un comunicado.

Los abogados de los demandantes dijeron que están considerando una apelación, informó el Post.

Los demandantes solicitaron más de 2.500 millones de dólares para los esfuerzos de reducción en Virginia Occidental, informó la AP, con el objetivo de reducir las sobredosis, las muertes por sobredosis y el número de personas con trastorno por consumo de opiáceos.

El año pasado, el condado de Cabell informó de 1.067 respuestas de emergencia ante sospechas de sobredosis, lo que supuso un aumento significativo respecto a los tres años anteriores, y de al menos 158 muertes. En lo que va de año, este condado de 93.000 habitantes ha informado de 358 respuestas de emergencia y 465 visitas a la sala de urgencias.

En demandas separadas pero similares, Virginia Occidental llegó a un acuerdo de 37 millones de dólares con McKesson en 2019, informó la AP, así como un acuerdo de 20 millones de dólares con Cardinal Health y uno por 16 millones de dólares con AmerisourceBergen en 2017.